Los U’wa son un pueblo indígena ubicados en los departamentos de Boyacá, Arauca y Norte de Santander. Este pueblo indígena lucha desde hace más de 20 años en contra de las distintas empresas petroleras que están explotando hidrocarburos en su territorio ancestral. Cuenta con una población de 7.581 personas según el Censo DANE de 2005.
Su lucha por cuidar el territorio es su principal objetivo, siendo este un espacio sagrado, un ser vivo con espíritu propio que cumple la función de brindar armonía y equilibrio. Donde todo ser vivo tiene sangre, es decir todo árbol, vegetal y animal. La sangre (ruiria petróleo) es quien da la fuerza y representa la sangre de la madre tierra que circula a través de las venas que se encuentra en el mundo de abajo, según la cosmovisión U’wa. Razón por la cual, es fundamental y determinante para la vida y pervivencia como nación U’wa.
Aunque, han dado su lucha por la protección de los recursos naturales, el Estado colombiano no ha reconocido su derecho de propiedad colectiva sobre su territorio ancestral, ni les garantizado los derechos territoriales. En cambio, ha otorgado contratos de concesión para la exploración y explotación de petróleo, carbón y otros minerales que colocan en riesgo la vida de este pueblo.
De acuerdo, a lo anterior a través de esta línea del tiempo se hace el recuento histórico de lo que ha sido su lucha por el territorio y las afectaciones que han tenido durante estos años.
1995: El Estado colombiano concedió la primera licencia a la Occidental Petroleum Corporation OXY una multinacional estadounidense dedicada a la búsqueda y explotación de petróleo, para estudios sísmicos en el bloque Samoré. Debido a esto, los U´wa interpusieron una acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, y la Oxy por haber otorgado una licencia ambiental para estudios sísmicos en la zona de Samoré sin consultar previamente a los U’wa.
1997: Como consecuencia de la Acción de Tutela interpuesta por la Nación U’wa, vinculada con la licencia ambiental. La Corte Constitucional determinó que no se había garantizado el derecho a la consulta previa, vulnerando las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT y la Constitución Política de Colombia.
De este modo, la Corte ordenó que la consulta se realizara en un plazo de 30 días, condicionando la vigencia de la tutela a la decisión pendiente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin embargo, la consulta nunca ocurrió.
Para ese mismo año debido al incumplimiento, los U’wa con ayuda de otras organizaciones colombianas e internacionales presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la concesión de la licencia de Samoré y la falta de consulta previa.
1998: La OXY pidió al Ministerio de Medio Ambiente una nueva licencia de exploración en una zona conocida como Gibraltar. Aunque para ese mismo año el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA emitió la resolución 056 donde se mencionó la creación del Resguardo Unido U’wa, dicha ampliando dejó por fuera el área de explotación del pozo de Gibraltar desconociendo la totalidad del territorio ancestral de la Nación.
2000 para este año el Estado colombiano con las Fuerzas Armadas bloquearon el acceso a los alimentos, el agua y otras necesidades con la finalidad de forzar a los U’wa a salir de la zona de Gibraltar, el cual estaba marcada para la perforación.
En ese sentido los U’wa interpusieron otra acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente y OXY, oponiéndose a la licencia ambiental que habilitó la perforación exploratoria de Gibraltar, puesto que vulneró el derecho a la consulta previa de la Nación U’wa. Con esta acción de tutela se logró detener temporalmente la perforación del Gibraltar.
Sin embargo, mas adelanten esta decisión fue revocada por El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión y la OXY prometió reanudar la construcción. Los U’wa apelaron la decisión al Tribunal Constitucional. Pero, el Tribunal se negó a escuchar el caso.
En 2001: Los U’wa presentaron una acción de nulidad contra la Resolución 80851 mediante la cual el Ministerio de Minas reservó un área alrededor del Bloque Gibraltar 1 para uso exclusivo de explotación de hidrocarburos a favor de OXY.
2002: La OXY se retiró del Bloque Samoré y la concesión fue transferida a Ecopetrol, para luego redefinirlos límites del Bloque Samoré y separarlo en los bloques Siriri y Catleya.
2003: Ecopetrol solicitó el inicio de una consulta previa para los bloques Sirirí y Catleya.
2004 y 2005 Se realizaron 14 cursos de capacitación y seis talleres vinculados con los bloques Siriri y Catleya. Las reuniones iniciales no se celebraron con el co-peticionario AsoU’wa y solo involucraron la participación de Ascatidar, otra organización representativa de la Nación en el departamento de Arauca.
En mayo de 2005, los U’wa rechazaron el proceso de “consulta” y se negaron a asistir a otros actos. No obstante, el Ministerio del Interior y Ecopetrol llegaron a la conclusión de que los bloques Sirirí y Catleya no violaban los derechos de los U’wa ni la integridad de la comunidad.
Aunque Los U’wa no participaron en la consulta y rechazaron todos los proyectos de desarrollo petrolero en su territorio. A finales de año, el Ministerio del Interior pidió que el más alto tribunal administrativo de Colombia, el Consejo de Estado, declararar que las reuniones de 2004 y 2005 eran suficientes para satisfacer los requisitos de la consulta.
2006: El Consejo de Estado decidió a favor de Ecopetrol que las reuniones eran suficientes para la consulta previa de los bloques Sirirí y Catleya.
2007: Se firmó el contrato para la concesión de minería de carbón GKT-081 que se superpone al territorio U’wa.
2009: Un batallón militar ocupó y destruyó un lugar sagrado. Las autoridades indígenas presentaron una queja a la oficina del fiscal en Cocuy pero no recibieron respuesta. Se firmaron contratos para otras dos concesiones de minería de carbón. El Ministerio de Medio Ambiente concedió una licencia ambiental a Ecopetrol para la construcción del gasoducto de Gibraltar.
2010: Ecopetrol presentó documentos al Ministerio del Medio Ambiente solicitando un estudio ambiental para el Área de Perforación Exploratoria (APE) de Magallanes.
2012 El gasoducto de Gibraltar comenzó a funcionar.
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales otorgó una licencia ambiental a Ecopetrol para el APE Magallanes. Los U’wa argumentaron que la evaluación de impacto ambiental era deficiente e incompleta.
2014: Los ataques al oleoducto de Caño Limón por parte de agentes armados no estatales, frecuentes desde su construcción, siguieron afectando la paz y la tranquilidad de los U’wa. Los ataques al oleoducto provocan contaminación por el derrame de petróleo, afectan la flora y fauna y tienen un impacto especialmente negativo en elementos sagrados para la Nación U’wa.
En octubre de ese mismo año, Colombia presentó sus objeciones a la admisión de la petición de los U’wa a la CIDH.
2015: AsoU’wa presentó una acción de nulidad contra la evaluación de impacto ambiental del APE Magallanes.
En septiembre, fue aprobada la solicitud de la Nación U’wa para la creación del Resguardo Indígena Kuitua.
EarthRights se unió al caso ante la CIDH como co-peticionario, apoyando a la Nación U’wa en su búsqueda de justicia. AsoU’wa también presentó información adicional a la CIDH sobre las nuevas y continuas violaciones.
El 15 de octubre de 2015, la CIDH publicó el informe de admisibilidad reconociendo su competencia sobre la petición presentada por la Nación U’wa contra Colombia.
El Estado convocó una segunda reunión de consulta previa relacionada con las concesiones mineras de carbón. Los U’wa rechazaron cualquier intento de consulta previa porque el territorio no está abierto a las empresas multinacionales.
2016: Los U’wa ocuparon la planta de gas Gibraltar en protesta por el incumplimiento de los acuerdos de 2014 por parte del Estado.
AsoU’wa solicitó el cierre del Parque Nacional Cocuy/Zizuma, debido a los impactos negativos del turismo. Parques Nacionales Naturales de Colombia aprobó el cierre temporal del Parque Nacional Cocuy/Zizuma.
2017: El Parque Nacional Cocuy/Zizuma se reabrió con una mayor regulación de los visitantes. La Nación U’wa y Parques Nacionales Naturales acordaron una evaluación de impacto ambiental.
2018 y 2019: El Estado de Colombia presentó su informe con las observaciones de fondo del caso y luego otro informe adicional a la CIDH.
El 27 de noviembre de 2019, la CIDH adoptó el informe de fondo del caso, encontrando a Colombia responsable por las violaciones de derechos humanos bajo la Convención Americana. El informe confidencial contenía una serie de recomendaciones que Colombia debe seguir para cesar las violaciones y garantizar los derechos de la Nación U’wa, evitando así que el caso sea enviado a la Corte Interamericana.
2020: AsoU’wa y los peticionarios presentaron información a la CIDH sobre el asesinato de un líder U’wa a manos del Ejército Nacional de Colombia durante un enfrentamiento con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La CIDH envió el caso del Pueblo Indígena U’wa vs. Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2023: Por primera vez la Corte IDH tendrá que tomar una decisión frente a la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales de un pueblo indígena en Colombia.
De este modo, se realizará una audiencia tendrá lugar el próximo 25 y 26 de abril, durante el 157° periodo de sesiones que se llevará a cabo en Santiago de Chile. Donde a su vez, participará la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI en cabeza del secretario técnico Camilo Niño, quien aportará las pruebas recogidas mediante las declaraciones de peritos que se realizó sobre las diferentes afectaciones que viene padeciendo el pueblo U’wa en su territorio, debido a las explotaciones petroleras que atentan contra su espacio sagrado.
Luego de una espera de más de 25 años, será escuchada por un tribunal internacional para exponer las reiteradas violaciones de las que ha sido víctima para ser reparados ante la justicia internacional, en los cuales están cuatro componentes como medidas de restitución, medidas de satisfacción, garantías para la no repetición y medidas de compensación por la violación a sus derechos territoriales y culturales.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
