Denuncia por el incumplimiento de la consulta previa acordada para la creación de un procedimiento especial para la clarificación de resguardos de origen colonial y republicano

Denuncia por el incumplimiento de la consulta previa acordada para la creación de un procedimiento especial para la clarificación de resguardos de origen colonial y republicano

Bogotá, 4 de noviembre de 2020

 

Señor

RODOLFO ZEA NAVARRO

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Bogotá, D.C.

 

Asunto: Denuncia incumplimiento de consulta previa acordada para la creación de un procedimiento especial para la clarificación de resguardos de origen colonial y republicano

Como delegados ante la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, en representación de la Confederación Indígena Tayrona – CIT, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana – OPIAC, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y sus macro regionales, Autoridades Indígenas de Colombia – AICO por la Pachamama, Autoridades Indígenas tradicionales de Colombia – Gobierno Mayor, mediante la presente comunicación queremos expresar nuestra inconformidad con la reunión de socialización a la que de manera improvisada se ha convocado el día de mañana 5 de noviembre de 2020 por parte de Wilber Jairo Vallejo Bocanegra Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura para discutir el proyecto de decreto “Por el cual se adiciona el Capítulo 6 al Título 7 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, para la clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano de los resguardos indígenas”.

Hemos sido muy claros en las distintas sesiones de concertación nacional en que se ha tratado este tema en reiterar que la expedición del decreto para la clarificación legal de los resguardos de origen colonial y republicano fue un compromiso adquirido por el Gobierno Nacional a través de un proceso de consulta previa acordado en acta de 28 de diciembre de 2017 en sesión de la Mesa Permanente de Concertación- MPC. Este compromiso además responde a obligaciones del Estado colombiano de cara a los tratados internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas, a la Constitución Política y al componente étnico del Acuerdo de Paz.

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