por STI | Ago 20, 2020 | Declaraciones políticas
Las organizaciones indígenas con asiento en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI creada por el Decreto 1397 de 1996, dejamos pública constancia ante el Gobierno Nacional y hacemos un llamado urgente a sus autoridades, a los organismos de control, comunidad internacional y a la sociedad colombiana en su conjunto, para que se exijan, adopten y ejecuten de manera inmediata las acciones necesarias, encaminadas a detener el avance arrasador de la deforestación en la Amazonía colombiana.
Este posicionamiento se suma a las muchas voces que han advertido sobre esta misma situación, entre ellas la muy autorizada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, quien recientemente llamó la atención en su informe sobre los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía, sobre cómo “el incremento de las actividades extractivas en la Amazonía ha causado efectos de deforestación y ha creado tensiones por el uso de la tierra y sus recursos”, señalando al mismo tiempo que “durante los últimos años se han advertido nuevos problemas que amenazan la supervivencia de estos pueblos, particularmente las alteraciones medioambientales y el cambio climático, hacen cada vez más difícil que puedan mantener sus formas de vida e interacción con el medio ambiente” (2019).
Hoy más que nunca en Colombia se intensifican y materializan los riesgos y las amenazas contra la diversidad biológica de este bioma que es vital para la existencia misma de la humanidad, y un territorio sagrado y ancestral del que hace parte la mayor selva tropical húmeda del planeta. Tales riesgos se concretan, en la actualidad, en contra de la existencia física y cultural de los más de 60 pueblos y comunidades indígenas que, orientados por nuestros conocimientos y sistemas propios de pensamiento, hemos sido y seguiremos siendo, a pesar de toda adversidad, los guardianes tradicionales y ancestrales de este territorio amazónico colombiano.
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por STI | Ago 20, 2020 | Declaraciones políticas
En el balance de los más de 150 días de emergencia sanitaria por el COVID-19 realizado por la ONIC, se identificaron 7.691 casos positivos para coronavirus; el 12.3% de los infectados corresponde a indígenas de más de 60 años que son las autoridades espirituales y, un 68,5% en las cifras de fallecimientos. Se cuentan 2.772 casos adicionales que esperan los resultados de las pruebas. Además, de los 775 resguardos en el país, a la fecha se identifican 228 en riesgo por la pandemia; hoy son 71 pueblos afectados por el virus, con 425.079 familias indígenas en riesgo de contagio de este, dada su cercanía con poblaciones urbanas de alto foco de infección, de las que un 30% son familias residentes en resguardos y otro 73.7% son familias residentes en territorios ancestrales. Salvo a las medidas propias de prevención impartidas por las autoridades tradicionales, el gobierno nacional y regionales no han adoptado otros mecanismos efectivos ni consensuados para evitar la propagación del virus.
Durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 se han evidenciado las deudas y falencias del Estado frente a los pueblos indígenas, en ámbitos como la protección de la vida e integridad, la territorialidad, la autonomía y la participación. Se han exacerbado los riesgos y amenazas a los pueblos indígenas, entre los cuales se encuentra la violación de nuestros derechos territoriales debido a su falta de seguridad jurídica, actividades extractivas legales e ilegales, el aumento de la presencia de grupos armados y las fuerzas militares, el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de las mismas fuerzas militares que ponen en riesgo a las comunidades.
Las amenazas y ataques constantes a líderes indígenas que defienden el territorio, el aumento de zonas deforestadas en la Amazonía colombiana, y el registro de 50 asesinatos a indígenas desde el inicio de la pandemia y en el confinamiento de las comunidades, evidencian el aumento del riesgo de exterminio físico y cultural. Los Pueblos Indígenas estamos sufriendo un etnocidio.
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