Los Indígenas y el debate de control político al Gobierno Nacional
Piden garantías en los territorios y enfoque diferencial frente al COVID- 19
La Secretaria Técnica Indígena de la CNTI, alerta sobre el incremento de los asesinatos a líderes indígenas en regiones dónde históricamente se han solicitado seguridad jurídica a los territorios y EXIGE NO REDUCIR EL PRESUPUESTO A LAS COMUNIDADES ANCESTRALES
¿Por qué para los pueblos indígenas es tan importante el derecho a la tierra y al territorio?
¿Quieres saber qué pasó en el debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República?
En un debate de control político para revisar el impacto del decreto 486 de 2020 y la falta de garantías de enfoque diferencial con los pueblos indígenas y demás minorías étnicas para el manejo de la pandemia COVID-19, el senador indígena Feliciano Valencia señaló que “se ha posicionado la tesis errónea según la cual los indígenas somos terratenientes”.
Al debate y sesión virtual, realizado la mañana de este viernes 12 de junio, asistieron el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea Navarro, el subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, Daniel Gómez Gaviria, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, y destacados senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso. Así mismo, contó con la intervención del procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Diego Fernando Trujillo, y del Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el líder indígena del pueblo Arhuaco, Camilo Niño Izquierdo.
Según el senador Valencia, si bien es cierto que a julio de 2019 (de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras-ANT) se reportan 774 resguardos constituidos en el territorio nacional, que en total suman 33´474.487 hectáreas +7.482 metros cuadrados, la mayoría del área de resguardos constituidos no puede ser empleada para la explotación agropecuaria, en tanto son espacios de conservación y protección ambiental, además de lugares sagrados y de pagamento.
El congresista Feliciano Valencia precisó que, según datos del Censo Nacional Agropecuario-CNA, el 93% de estos territorios legalizados para pueblos indígenas son bosques naturales, y apenas el 5,3% del área titulada es empleada para usos agropecuarios y el 1,6% restante para usos no agropecuarios (CNA, 2015).
El senador indígena fue enfático en señalar que contrario a lo que opinan algunos sectores influyentes del país, “son recurrentes situaciones de hacinamiento de comunidades indígenas, esto es, en los resguardos constituidos hay más familias que tierra disponible para usos productivos y otros asociados a la ocupación antrópica”.
En su intervención, el senador y líder del pueblo Nasa mostró cómo la mayoría de las áreas tituladas a pueblos indígenas son destinadas a la protección o conservación ambiental, circunstancia que “ha restringido los espacios que pueden ser empleados para la producción agropecuaria, así como las áreas destinadas a vivienda e infraestructura para el soporte y desarrollo de los proyectos propios relacionados con la consolidación de la autonomía indígena y de las formas de gobierno propio (salud y educación)”.
Para el congresista Feliciano Valencia, “es urgente que el Estado colombiano siga dando cumplimiento a la protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria”, para evitar que “ante la ausencia de territorio propio, las comunidades no puedan desarrollar sus actividades de manutención y ello agrave su seguridad alimentaria”.
Sobre el decreto 486 de 2020, el senador Valencia señaló que éste “carece de medidas diferenciadas para garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento productivo a los pueblos indígenas, considerando además que sus territorios son la fuente de estos recursos, es decir, de los alimentos”.
Frente a las medidas adoptadas para atender la emergencia del COVID-19 y su impacto en los pueblos indígenas, el senador Valencia expresó que “es evidente no solo la ausencia de un enfoque diferencial sino también un incumplimiento persistente respecto a la garantía y protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas”.
LA PANDEMIA Y LOS ASESENITOS DE LÍDERES INDÍGENAS
Durante el debate de control político, Ricardo Camilo Niño Izquierdo, líder del pueblo Arhuaco y Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, dijo que la pandemia COVID-19 ha significado un aumento de los asesinatos y amenazas de los líderes y comunidades indígenas, el riesgo por el incremento de las actividades de minería y la violación constante al derecho a la consulta previa.
Estos asesinatos se traslapa con las regiones dónde los pueblos indígenas históricamente han solicitado garantía en la protección jurídica de los territorios indígenas, desde el 2016 -2020 según el observatorio de derechos territoriales de la secretaría técnica de la CNTI, van 245 líderes asesinados, y se superponen con las más de 1593 solicitudes de protección jurídica de los territorios, entre las que están solicitudes de legalización (constitución, saneamiento y ampliación de resguardos), implementación del 2333, reafirmación de los resguardos de origen colonial y republicano.
Camilo Niño también pidió “que no se reduzca más el presupuesto para atender las justas solicitudes y reclamaciones de los pueblos indígenas”, pues además de ser un presupuesto reducido es una garantía fundamental proteger los derechos ancestrales de las comunidades. Ya que en un análisis de 18 años el gobierno no ha asignado ni medio billón de pesos, con esta asignación se demoraría más de 200 años en responder a las actuales solicitudes de protección territorial.
“Es necesario mantener y reforzar las medidas de seguridad de los líderes y comunidades indígenas, pues tenemos casos como el del delegado de la CNTI Milton Conda a quien, a pesar de las reiteradas amenazas, le pidieron devolver su esquema de seguridad”. El Secretario Técnico de la CNTI también le insistió al gobierno en la importancia de firmar el decreto de origen colonial y republicano que desde diciembre está pendiente de la rúbrica del presidente Iván Duque.
A su turno, el senador Jorge Londoño, integrante de la bancada del Partido Verde, dijo que el gobierno debe atender con especial atención a los más vulnerables, y en especial en el sector rural, a los indígenas, afrodescendientes y campesinos, con un enfoque diferencial.
“La riqueza cultural es la que debemos proteger. Por eso, las medidas de atención para los pueblos indígenas deben tener un enfoque diferencial, además de los derechos territoriales, que son la garantía para la vida digna de las comunidades”.
En conclusión, los líderes indígenas le insistieron al gobierno y a las instituciones del Estado colombiano, la importancia de dar cumplimiento a la protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria.
En el debate de control político intervino también el procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Diego Fernando Trujillo, quien prendió las alarmas frente a la catástrofe en que se ha convertido la deforestación de la Amazonía en Colombia, que no ha parado a pesar de la pandemia, y sugirió la creación de un registro nacional de áreas devastadas.
El procurador insistió en la importancia de crear un catastro multipropósito del territorio.
Para el senador Feliciano Valencia y el Secretario Técnico Indígena de la CNTI, Camilo Niño, ante los múltiples factores de riesgo que ha evidenciado la pandemia y que hoy persisten, la institucionalidad colombiana debe garantizar que continúa con el cumplimiento de sus obligaciones territoriales con nuestras comunidades, “para evitar que, ante la ausencia de territorio propio, las comunidades no puedan desarrollar sus actividades de manutención y ello agrave su seguridad alimentaria”.
En el mismo sentido, “el reconocimiento de los derechos territoriales favorece el ejercicio de la autonomía propia y el control territorial, lo que conlleva a limitar el contacto con terceras personas que puedan ser un riesgo de contagio del COVID-19”.