Comunidades indígenas piden congelar las “consultas previas virtuales”

Comunidades indígenas piden congelar las “consultas previas virtuales”

Escrito por: Planeta Caracol

En Planeta Caracol el líder Arhuaco, Camilo Nino, afirmó que no garantizan la participación activa y efectiva de las comunidades

Audio entrevista

En manos de un juez de la República está la decisión de una tutela presentada contra el ministerio del Interior por la decisión del gobierno de promover las «Consultas Previas Virtuales» en temas de tierras y proyectos que afecta a las comunidades indígenas.

En diálogo con Planeta Caracol de Caracol Radio, el líder indígena Arhuaco, Camilo Nino, explicó las razones por las que presentaron la Acción de Tutela contra la decisión del ministerio del Interior que faculta la «Consultas Previas Virtuales» en tiempos de pandemia por el Covid-19 y cuando no se garantiza la participación activa y efectiva de las comunidades.

Camilo Nino agregó que la prioridad hoy debe ser la de salvaguardar la salud de los 115 pueblos indígenas colombianos que están en condición de vulnerabilidad por el Covid-19. Las comunidades hoy permanecen en sus territorios, donde se ha prohibido el ingreso de personas y se ha limitado las actividades masivas.

«No se trata de dar cumplimiento a un trámite con consultas previas virtuales en decisiones que afectan las tierras y los recursos de las comunidades indígenas, que no cuentan con la conectividad y tampoco con la información para dar cumplimiento efectivo al derecho constitucional de participar en las consultas previas«, dijo el líder Arhuaco.

Camilo Nino recordó además que hoy el gobierno nacional y los tomadores de decisiones deberían tener en consideración el conocimiento y la tradición que tienen las comunidades indígenas en temas de primer orden mundial como la mitigación y adaptación al cambio climático.

También en diálogo con Planeta Caracol la abogada Jenifer Mojica, quien viene acompañando a las comunidades indígenas, consideró que es imposible hoy garantizar los derechos y la participación de los indígenas a través de Consultas Previas Virtuales, por lo que se deben suspender.

Señaló que a pesar de la cuarentena por el impacto del Covid-19 en el país, lamentablemente los territorios indígenas siguen siendo objeto de labores de minería ilegal y las amenazas y asesinatos de líderes indígenas cómo ha ocurrido en el Cauca.

Sobre la Tutela frente a las Consultas Previas Virtuales, Jenifer Mojica, argumentó que la Conste Constitucional ordena garantizar el derecho a la participación y la posibilidad de decidir de las comunidades sobre sus territorio, lo que significa que no se trata de un «simple trámite» para el desarrollo de proyectos en sus territorio.

Con tutela indígenas buscan que se prohíban las consultas previas virtuales

Con tutela indígenas buscan que se prohíban las consultas previas virtuales

Escrito por: Semana Sostenible

En el recurso jurídico también se le solicita al Gobierno nacional suspender todos procesos de este tipo, hasta tanto no se supere la crisis sanitaria y social por la que atraviesa el país por cuenta del coronavirus. También se pide dejar sin efecto las circulares emitidas por el MinInterior al respecto.

Ante el Tribunal Superior de Bogotá fue instaurada una acción de tutela contra el Ministerio del Interior por parte de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (STICNTI).

Con este recurso jurídico, soportado en 25 páginas, se busca que el Gobierno nacional garantice y respete el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos aborígenes, a partir de la prohibición total de la consulta virtual. 

Y es que, para la STICNTI, las dos circulares externas expedidas por esa cartera ministerial sobre este tema dejaron abierta la posibilidad de realizar consultas previas de tipo virtual, «siempre que las comunidades cuenten con los medios tecnológicos y condiciones necesarias para tal fin».

Para esta organización sigue latente el riesgo de que algunos sectores apelen al uso de herramientas virtuales para vulnerar el derecho a la consulta de las comunidades. En tal sentido, aseguran que la tutela busca prohibir al Gobierno que replique estos intentos de reforma a derechos fundamentales como la consulta previa, libre e informada, y el debido proceso.

Asegura que a pesar de que el Ministerio del Interior derogó una de las circulares externas que había proferido, el problema continúa y por esa razón solicitan, además, dejar sin efecto dichas circulares. 

Ricardo Camilo Niño Izquierdo, secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, indicó que a la fecha no se han adoptado medidas especiales que garanticen a las comunidades indígenas su derecho a la vida, salud, integridad y consulta previa, libre e informada, en el marco de la emergencia social que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus.

En la acción judicial también le solicitan al Gobierno nacional ordenar la suspensión de todo proceso de consulta previa, hasta tanto se supere la crisis humanitaria desatada por el coronavirus en el país. Adicionalmente, que se adopten las medidas sanitarias diferenciales para garantizar a las comunidades indígenas el goce efectivo de este derecho.

“En especial esta suspensión debe aplicarse frente a proyectos extractivos, agroindustriales, de infraestructura y demás que impacten de manera directa e indirecta los territorios indígenas”, solicitó la comisión.

De igual manera, la tutela le pide a la justicia colombiana, conforme al principio de progresividad, ordenar al Ministerio del Interior que consulte con los representantes de las organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación Indígena todas las propuestas diferenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, según sus condiciones de múltiple vulnerabilidad.

La secretaría reitera que en ninguna circunstancia se puede proceder a realizar nuevas consultas previas en los territorios a través de los términos propuestos por el Ministerio del Interior, porque, en su concepto, proponer la realización de este tipo de procesos a pueblos indígenas en situaciones de extrema vulnerabilidad y carentes de tecnología, viola sus derechos fundamentales.

«No estamos preparados para enfrentar la pandemia y por eso las comunidades han concentrado en este instante todo su esfuerzo en proteger el territorio, a partir del no ingreso de personas externas. Hoy debemos concentrarnos en eso, en resolver la crisis sanitaria y humanitaria frente a la covid-19 y no ponernos a pensar en hacer consultas virtuales debido a que no están garantizados los estándares mínimos para su implementación ni los principios que por ley se deben tener en cuenta», expuso.

Jhenifer Mojica Flórez, abogada y especializada en derecho procesal, considera que las consultas previas virtuales no se pueden hacer ni ahora ni nunca. «Aquí lo que está de fondo es una presión de los empresarios de la economía extractiva para que se les quiten obstáculos y como los pueblos indígenas son eso para ellos, por eso insisten en la realización de este tipo de medidas», dijo.

La jurista explicó que en la tutela también se le pidió al Gobierno que fortalezca los mecanismos de participación haciéndolos más eficientes y que dialogue y consulte con los indígenas antes de tomar decisiones para que ellos puedan ejercer sus derechos de manera adecuada y más en un momento humanitario tan grave como el que están atravesando», recalcó.

Mojica aseguró que para los pueblos indígenas las consultas previas virtuales constituyen una burla, porque son comunidades muy vulnerables que, si no tienen acceso a derechos mínimos fundamentales como el agua o salud, pues mucho menos a la tecnología. «Con esto los que se quiere es sacar adelante los proyectos que están detrás de todo», apuntó.

La abogada advirtió que los pueblos indígenas enfrentan, además, en situaciones corruptividad, pues podría presentarse manipulación o constreñimiento hacia algunos de sus líderes por parte de las empresas, aprovechándose de su vulnerabilidad.

C. Niño (Indígenas Colombia): El asesinato de defensores ha ido en aumento desde 2016

C. Niño (Indígenas Colombia): El asesinato de defensores ha ido en aumento desde 2016

Escrito por: EFE: VERDE

Lourdes Uquillas.- En Colombia los defensores indígenas y ambientales “seguimos sufriendo el acoso de mineras, grupos armados y el narcotráfico”, y “el número de asesinatos ha aumentado desde la firma de la paz en 2016”, denuncia el coordinador de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Camilo Niño.

Ricardo Camilo Niño Izquierdo, ecólogo con una maestría en desarrollo rural, es el coordinador de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, creada en 1996 como “espacio de diálogo y concertación” entre el Gobierno y los pueblos indígenas del país sudamericano.

Presión y asesinato de líderes ambientales

Niño, indígena del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y miembro de la Confederación Indígena Tayrona (CIT), explica en entrevista telefónica con EFE que la situación de los pueblos indígenas en Colombia en este momento de pandemia, la inestabilidad se ha incrementado por las acciones armadas entre grupos armados, de narcotráfico y de seguridad nacional.

Precisamente, en uno de los últimos enfrentamientos, señala Niño, dos líderes indígenas murieron asesinados hace tres semanas aproximadamente.

Explica que desde la firma de la paz en 2016, los asesinatos de líderes indígenas han aumentado, y señala que según el estudio del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas que está próximo a publicarse, en ese año (2016) se produjeron 9 asesinatos, 38 en 2017, 68 en 2018 y 83 en 2019.

Precisamente este viernes pasado, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de 19 asesinatos de defensores de derechos humanos y sociales en Colombia en lo que va de 2020, cifra que podría aumentar al estar pendiente de verificación la de otras 34 posibles muertes de activistas.

Según el portavoz de esa Oficina de la ONU en Ginebra, Rupert Colville, se ha registrado un aumento del acoso y amenazas a los pueblos indígenas, agricultores y afrodescendientes en el departamento del Cauca (suroeste), y una intensificación de los enfrentamientos entre las bandas armadas y las fuerzas de seguridad.

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en su informe hecho público hace quince días alertó del desplazamiento de 393 indígenas en el departamento del Chocó (noroeste), por combates entre grupos armados ilegales.

Desatención y vulnerabilidad

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas que coordina Niño está formada por cinco organizaciones nacionales: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), la Confederación Indígena Tayrona (CIT) -a la que pertenece Niño-, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia (Gobierno Mayor), y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO).

Por parte del Gobierno, hay representantes de los ministerios de Agricultura, Interior y Hacienda y de departamentos de Asuntos Etnicos, Tierras o Planeación.

La Comisión fue creada por exigencia de los pueblos indígenas para debatir “todos los temas sobre la seguridad jurídica de nuestros territorios” o resguardos. Actualmente suman “768 resguardos legalmente constituidos” que están en zonas de “ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, bosques secos tropicales, bosques húmedos tropicales, coberturas naturales y seminaturales”.

Los 768 resguardos indígenas, “abarcan aproximadamente 31 millones de hectáreas de las 114 millones del país, lo que equivale al 27,26 % del territorio colombiano”.

Según el censo de 2018 del Departamento Nacional de Estadística (DANE) existen 2,9 millones de indígenas, sin embargo, según Niño, “no es una cifra certera porque hubo zonas donde no se llegó a hacer el conteo de población, como ha reconocido el Gobierno”.

Amenazas de grupos de presión

“El 82 % de los resguardos se encuentran en los bosques húmedos, todo lo que es la Amazonía colombiana y la Sierra Nevada, que alberga más del 80 % de los bosques existentes”. En esas áreas, “el 62 % del suelo es para conservación de la naturaleza”.

El dirigente indígena señala que según un estudio de 2016 de la World Resource Institute “si los pueblos indígenas no tuvieran garantías para la conservación de sus territorios y bosques, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Colombia habrían sido entre el 10 y 15 % más altas”.

Los pueblos indígenas “son garantes de la conservación de la naturaleza“, sin embargo, advierte Niño, “ante la solicitud de constitución de 889 nuevos reconomientos de territorios indígenas, también ha aumentado el número de asesinatos de líderes por la defensa de las tierras y del ambiente”.

Y sostiene que el estudio del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas señala que “donde hay intereses minero energéticos y pueblos indígenas reclamando los derechos de protección de nuevos resguardos, ahí se han dado los mayores casos de asesinatos”.

Por parte del Estado Colombiano “no ha habido una respuesta como responsable de la garantía efectiva de protección” de los territorios, lamenta.

Generalmente “ha habido una desatención sistemática por parte del Gobierno y ha minimizado la violación de los derechos humanos y los asesinatos”.

Vulneración de derechos

Remarca que los pueblos indígenas apostaron por la paz, sin embargo “no han visto los beneficios que incluían la creación de un banco de tierras del que iban a ser beneficiaros”.

Denuncia la doble cara del Gobierno hacia el exterior y asegura que “no se ha cumplido el último compromiso de lograr deforestación cero en 2020, una situación que, al contrario, “se ha incrementado sobre todo en territorios indígenas, donde, además, se produce colonización”.

Igualmente denuncia la violación del derecho a consulta previa recogido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento” y la falta de un censo pormenorizado de los pueblos indígenas por parte del Estado.

Cercos para la pandemia

“En este momento estamos centrados en el tema de la pandemia, porque de seguir en esta tasa de contagios, los pueblos indígenas vamos a ser de los más afectados”, asegura Camilo Niño.

“Si muchas ciudades donde tienen acceso a energía, salud, educación, entre otros beneficios, no tienen las garantías (para controlar la propagación del coronavirus)”, sostiene, “la situación puede ser terrible para pueblos aislados, sin carreteras, sin energía ni puestos de salud”.

Es una “gran preocupación que tenemos actualmente los pueblos indígenas de Colombia”, por lo que “nos hemos concentrado en la protección territorial”.

“Estamos haciendo cercos (cerrando) en nuestros territorios para que no llegue gente que quiera entrar desde las ciudades”, asegura, porque en el marco que les otorga la “autonomía de los territorios hacemos presencia en las vías deteniendo a las personas y poniéndonos de acuerdo entre nosotros mismos”.

El acceso es “más difícil en una zonas más que en otras, pero estamos concentrados en esto” para evitar el contagio, asegura el líder del Pueblo Arhuaco.
Sin embargo, “el Estado ha aprovechado esta situación y ha entrado en nuestros territorios donde se hallan grupos armados” y en una de esas actuaciones asesinaron a dos líderes indígenas hace pocas semanas.

Asimismo, hay empresas en los territorios que “no están en cuarentena”, denuncia.

Y para “enrarecer” más la situación, “el Estado, en su mecanismo supuestamente para garantizar los derechos de los indígenas, habilitó unas consultas previas virtuales”.

Sin embargo, “ahora en esta situación propone consultas previas virtuales en sitios donde no hay vías, ni energía ni señal, por lo que no se garantiza la participación de la población que pueda estar afectada” por conflictos socio económicos y las empresas mineras.

“El Gobierno como otros segmentos de la sociedad han aprovechado que estamos concentrados en evitar la propagación del virus para violar derechos de los indígenas”, denuncia. EFEverde.

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