Seguimiento a la implementación de la sentencia T-530 de 2016 Caso: Resguardo Cañamomo y Lomaprieta de Ríosucio, Caldas
Este 21 de junio, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorio Indígena CNTI, fue invitada por las autoridades del Resguardo Cañamomo – Lomaprieta de Riosucio, Caldas para acompañar el seguimiento a la Sentencia T-530 de 2016, donde participaron organizaciones Indígenas Nacionales, Organizaciones de la sociedad civil, algunas embajadas además, de contar con el acompañamiento de la delegación de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, entre otras.
Esta reunión, se llevó a cabo en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), donde se dio a conocer el estado de avance en el que se encuentran las 21 ordenes de la Corte Constitucional, de las cuales hay un cumplimiento formal parcial, trayendo a colación lo que la Corte ha manifestado en varios de sus sentencias “…la diversidad cultural y su protección son principios fundamentales del Estado Social de Derecho, al punto que la participación de las minorías étnicas en las decisiones nacionales y, especialmente aquellas que las afectan directamente es un mandato constitucional de mayor importancia”.
Lo anterior, refleja el reto que tiene el Gobierno Nacional entre la promulgación de las sentencias y su implementación, ya que se han generado nuevos riesgos para los Pueblos Indígenas: Desplazamiento, amenazas, asesinatos de líderes sociales, discriminación y estigmatización de los Pueblos Indígenas como obstáculo para el desarrollo.
A lo largo de la historia se han destacado varios factores que ayudan a explicar la recurrencia del conflicto armado, principalmente en zonas rurales; la tenencia de la tierra, la voluntad política de turno, el narcotráfico la ausencia del estado, la extracción de recursos minero-energéticos entre otros. Dado esto, se llegó a la conclusión de que el no reconocimiento de los Derechos Territoriales, es una forma de despojo y exacerba la violencia contra las Comunidades.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes a la implementación ágil y efectiva de las ordenes establecidas en dicha sentencia para así, aportar en la construcción de un país donde se reconozcan, se rescaten, se respeten culturalmente los orígenes ancestrales de cada comunidad y cada pueblo.