Apenas 70 personas son las que hoy componen el pueblo indígena colombiano mapayerri, una comunidad en riesgo de extinción física y cultural y que ha transformado su esencia nómada, como consecuencia del intercambio cultural y los conflictos territoriales con comunidades sedentarias, colonos, actores armados y económicos. Sin embargo, los Mapayerri continúan luchando por el reconocimiento de su territorio y la preservación de sus costumbres.
Ubicados en su territorio ancestral en Nacuanedorro, al suroriente del municipio de Cumaribo en el departamento del Vichada, los Mapayerri se dedican a la caza, la pesca y la recolección. Mantienen presencia en Colombia y Venezuela pero se instalaron principalmente en ese predio, que comprende territorios baldíos que se traslapan con la zona protegida por el Parque Nacional El Tuparro y con un área de explotación por hidrocarburos.
En 1991 iniciaron el proceso para la constitución y titulación de su resguardo. Un proceso que no ha concluido, aunque la Corte Constitucional reconoció el derecho como grupo étnico a la propiedad colectiva para su preservación, y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio dictaminó medidas cautelares para la protección de su territorio.
Con las dilaciones al proceso de reconocimiento, los mapayerri han vivido graves violaciones a sus derechos de identidad cultural, vida digna, autodeterminación y debido proceso. Sus hábitos han sido afectados por la presencia de colonos, grandes empresas agroindustriales, los cultivos de uso ilícito, las fumigaciones aéreas, la compra de sus tierras y la disputa de bandas criminales por las rutas del narcotráfico. Así como en su tiempo por las disputas entre el frente 16 de la antigua guerrilla de las FARC y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
La travesía por el territorio
La resistencia de los mapayerri se unió a la comunidad indígena vecina de Awia Tuparro del pueblo sikuani, con la que mantiene contacto directo y de intercambio económico. La cercanía de estos dos pueblos los llevó a solicitar ante la Alcaldía de Cumaribo la constitución del resguardo interétnico Marimba Tuparro, que incluía a Nacuanedorro y a los predios que pretendían constituir los sikuani. Un año después recibieron comunicación del INCORA (entidad que en ese entonces tenía la competencia) solicitando información necesaria para adelantar el proceso de titulación, que fue remitida hasta el año 2002.
Entre los años 2008 y 2012 se realizaron diferentes acciones para impulsar el proceso, entre ellas reuniones interinstitucionales y la priorización de este proceso en el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Todas ellas sin resultado. En el año 2013 por primera vez la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá reconoció las dilaciones injustificadas y ordenó al INCODER culminar dentro de seis meses el proceso de reconocimiento del resguardo Marimba Tuparro. Decisión que fue confirmada ese mismo año por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado cinco veces a favor de los mapayerris en las sentencias T-379 de 2014, T-247 de 2015, T-213 de 2016, T-110 de 2016 y el auto 266 de 2017. Después de cuatro años de la primera decisión, aparecieron nuevas dilaciones que buscan la separación de los expedientes Awia Tuparro del pueblo sikuani y Nacuanedorro del pueblo mapayerri, considerando que una titulación de resguardo interétnico puede ser perjudicial para la identidad cultural de la segunda comunidad.
Así como el trámite de clarificación de baldíos que de forma equívoca y unilateral se ha pretendido iniciar de forma previa a la titulación desde la Agencia Nacional de Tierras (entidad que actualmente tiene competencia para ello), debido a que otras entidades como el Ministerio del Interior y de Ambiente, y Parques Nacionales Naturales han señalado que esta clarificación debe hacerse únicamente en casos en los que no existan terceros ejerciendo algún tipo de derechos sobre las tierras en cuestión.
A pesar de las demoras, el incumplimiento y el no reconocimiento de la resistencia mapayerri, esta comunidad continúa exigiendo al aparato estatal colombiano la posibilidad de proteger su territorio ancestral frente a terceros y poder transitar libremente para conservar su carácter semi –nomada y sus hábitos de vida.
